Los recursos no declarados por el gobierno de Coahuila, correspondientes a la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, implican aproximadamente el 20% del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública de México durante el 2021.
El gobernador saliente hasta el momento no ha explicado lo que su gobierno hizo con los mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación en 2021, de acuerdo con las 17 auditorías que se le aplicaron en la revisión de la cuenta pública de ese año.
Según información de Reporte Índigo, gran parte de estos recursos (mil 291 millones de pesos) habían sido designados para el sector salud de la entidad; sobre todo para combatir las secuelas de la pandemia de covid-19. Sin embargo, de los 104 contratos que se asignaron ese año, solo 31 corresponden a servicios de salud, sumando 150 millones de pesos.
Esta cifra es 5.6 veces menor a lo destinado a la estrategia de asistencia alimentaria (835 millones 87 mil 638 pesos), donde el gobierno de Riquelme Solís concentró todos sus esfuerzos políticos, y la cual, debido a licitaciones con irregularidades, careció de eficiencia.
Y es que, para esta “estrategia” múltiples empresas, con antecedentes de colusión y mal desempeño, obtuvieron contratos millonarios. La más beneficiada de esta situación fue “Dominus Messico S.A. de C.V.”, quien obtuvo un único contrato por 611 millones 564 mil 800 pesos.
Además de Dominus, “Coahuila, Distribuidora y Servicios Integrales”, “Productos Serel”, empresa protagonista de un cuadro de intoxicación en el penal de Puente Grande, Jalisco, así como el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, fueron otras de las empresas beneficiadas por estos contratos.
Aunado a esto, las personas físicas que adquirieron contratos de esta estrategia alimenticia fueron Gerardo Hernández Sandoval y José Alfredo Martínez Sánchez.
Además de lo detectado por la ASF, las cifras no cuadran en casos como el de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde se localizaron irregularidades por 693 millones de pesos, a pesar de que Compranet reportó que no había siquiera un contrato que con la casa de estudios.
Otro punto donde se detectaron anomalías, fue la construcción del Hospital Materno Infantil; cuya inauguración estaba lista para finales de 2017, de acuerdo con el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, pero que, con la llegada de Riquelme, no ofreció sus servicios hasta cinco años después, en 2022.
Cabe recordar que, en este proyecto, a partir de que Miguel Ángel Riquelme tomó protesta, se anunciaron inversiones millonarias por cinco años consecutivos: 53 millones de pesos en 2018; 53 más para 2019; 44.4 millones en 2020; otros 53 más en 2021; y 8.3 millones para su apertura en 2022.
Por si no fuera suficiente, el diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles acusó fraude en torno a esta obra, pues aseguró que las inversiones reportadas no fueron realizadas, por lo que justificó estos señalamientos con contratos pedidos a través de los mecanismos de transparencia, donde Compranet no halló registro alguno de contratos referentes al hospital, evidenciando las irregularidades.
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