La Corte Penal Internacional revisa el análisis preliminar sobre la procedencia de juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, quien sería principal responsable de la política pública de la “guerra” contra el narcotráfico. La Fiscalía del organismo podría resolver en una primera instancia que el actual gobierno mexicano sea el que lo someta a la justicia
Con las firmas de más de 20 mil mexicanos, a finales de 2011 se entregó una comunicación con suficientes pruebas en la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, en donde se solicita que se juzgue a funcionarios, militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes contra la humanidad repetidos sistemáticamente durante su gobierno (2006-2012), como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa, entre otros delitos de lesa humanidad.
Los crímenes que pueden ser objeto de conocimiento de esa Corte, según la Resolución 6 del 11 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, son: “genocidio (artículo 6); crímenes de lesa humanidad (7); crímenes de guerra (8), y crimen de agresión (8 bis)”.
Un año antes de que Calderón dejara el poder, diciembre de 2011, las cifras de víctimas en su administración superaba los 200 mil muertos, desaparecidos, secuestrados y violentados en sus derechos humanos por la guerra que el entonces presidente dijo haber declarado en contra del crimen organizado, pero sólo se trataba de una simulación, pues con la detención en Estados Unidos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública y principal responsable de esa guerra, Genaro García Luna, se confirma que ese gobierno lejos de combatir a bandas criminales del narcotráfico, era su principal protector junto con la anuencia del exmandatario mexicano a cambio de millonarios sobornos, lo que provocó los cientos de miles de víctimas.
Este noviembre próximo se cumplen 9 años de aquella exigencia de justicia que miles de mexicanos agraviados por el Estado –conscientes de las atrocidades cometidas por Calderón– enviaron a la CPI, en donde una Comisión designada por la Fiscalía ha tenido todo ese tiempo para revisar ésta y otras comunicaciones (con evidencias suficientes) que diversas organizaciones internacionales y mexicanas defensoras de derechos humanos remitieron en ese mismo sentido a ese tribunal internacional de justicia.
Será entonces esa Comisión la que elabore un análisis preliminar y después pase a la Fiscalía de la Corte, en donde se determinaría si hay crímenes internacionales de lesa humanidad y crímenes de guerra que, de confirmarse, en esta primer etapa ese tribunal internacional solicitaría a las autoridades del país, en este caso al Estado mexicano, que enjuicie a los responsables de tal violaciones y crímenes.
Entre los miles de firmantes en noviembre de 2011 de esa comunicación entregada en la CPI destacan el actual consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra; la ahora secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Loretta Ortiz Ahlf, actual consejera de la Judicatura Federal, y Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto de Defensoría Pública Federal del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros.
De acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Roma, la investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos puede iniciarse de tres formas: “por remisión de un Estado Parte a la Corte de una situación particular, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde se aplica el veto invertido o voto negativo de los miembros permanentes) y de oficio, por el Fiscal de la Corte.”
Por tal motivo, si esa Fiscalía resuelve en una primera instancia que el gobierno mexicano debe enjuiciar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a otros servidores públicos involucrados en crímenes de lesa humanidad, cometidos en el sexenio de 2006-2012, correspondería a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México actuar en consecuencia.
Es decir, la CPI no acepta denuncias como tales, pero si recibe y analiza comunicaciones de la sociedad u organizaciones civiles o de Estados, en donde soliciten su intervención para la aplicación de la justicia que les ha sido negada en sus países.
Acorde con sus tiempos para dictaminar sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Calderón, la CPI se pronunciará próximamente sobre esas comunicaciones recibidas desde México y otras partes del mundo que exigen que se juzgue al expresidente Felipe Calderón y a otros exfuncionarios mexicanos y militares que participaron en el asesinato de cientos de miles de personas.
Muchos mexicanos esperarían una inminente resolución favorable de la Corte en el sentido de exigir al Estado mexicano que juzgue a los responsables de dichos crímenes, lo cual estaría acorde con otro proceso que se discute en México, en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador convocó a la población a que emita su voto si quiere que se juzgue a los últimos cinco expresidentes (Calderón entre ellos) por los delitos que cometieron.
Así que a 4 años de que termine el mandato sexenal de López Obrador, hay tiempo suficiente para que en ese lapso llegue desde La Haya la petición formal de la Fiscalía de la Corte para que México juzgue y sentencie a Calderón Hinojosa por los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que cometió.
El mismo expresidente panista ha declarado reiteradamente en su defensa que él nunca dio órdenes de matar o desaparecer a alguien; sin embargo, ante los cientos de miles de víctimas nunca hizo algo para detenerlo ni tampoco se investigó a funcionarios y militares por las ejecuciones extrajudiciales cometidas, ni por las decenas de miles de desaparecidos o los millones de desplazados por la violencia, como tampoco de las torturas y violaciones sexuales.
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