La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha sido objeto de cuestionamientos por parte de cuatro proveedoras inscritas en la Junta de Aclaraciones para contratar el servicio de limpieza. Estas empresas aludieron a limitaciones en la libertad de competencia en el proceso IA-09-712-09000987-N-6-2023.
En medio de la primera ronda de preguntas, programada el pasado 16 de febrero, empresas como Ecodeli Industrial, Suministros Doxie y Comyser Qualifield expresaron sus dudas sobre la solicitud de documentación que no fue incluida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dentro del Contrato Marco. Este contrato establece lineamientos que guían la compra del servicio a nivel federal, buscando condiciones óptimas de imparcialidad, honradez y eficiencia.
La SICT respondió a los cuestionamientos y aseguró que los requisitos son de aplicación obligatoria a nivel nacional y buscan cumplir con los estándares de calidad establecidos. Asimismo, argumentaron que el Contrato Marco obliga a las posibles proveedoras a apegarse a las normas que resulten aplicables al servicio.
Sin embargo, persisten las preocupaciones entre las proveedoras del sector, que temen que pueda existir algún tipo de favoritismo en el proceso de licitación. Esto, especialmente después de que en otras ocasiones empresas como Armot Seguridad Privada y Servicios Corporativos hayan sido seleccionadas como ganadoras.
La polémica no se detiene en la primera ronda de preguntas. En la segunda vuelta de la Junta, Suministros Doxie volvió a interpelar la petición de certificados y sugirió alternativas como entregar una carta bajo protesta de decir verdad o el documento DC-3 para acreditar las capacidades técnicas del personal.
A pesar de las inquietudes expresadas, desde la SICT se negó que dichos requisitos restrinjan la participación en el proceso de licitación. Argumentan que los estándares de competencia son de evaluación obligatoria en toda la República y, por lo tanto, no podrían ser sustituidos.
La recepción de propuestas está prevista para el 23 de febrero, lo que marca una nueva etapa en este debate sobre la libre competencia en el ámbito de los servicios públicos.
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