Por medio de una denuncia ciudadana fue expuesta una presunta red de corrupción que opera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Veracruz Norte. En esta red presuntamente funcionarios de la dependencia extorsionan a trabajadores, mientras que favorecen a proveedores para conseguir favores políticos, contratos, dádivas y “moches”.
De acuerdo con la denuncia que hizo pública la periodista Claudia Guerrero Martínez, la red estaría operada por Francisco Javier Allerdi, y María de Lourdes Carranza Bernal, delegada del IMSS Veracruz Norte, quien tiene reportes de actividades irregulares en dicha dependencia, tal como fue publicado el pasado 13 de septiembre de 2021 en diversos medios de comunicación.
La pareja habría armado una red de tráfico de influencias para asignar licitaciones irregulares. Por ejemplo, para el servicio de hemodiálisis enfermos renales, a empresas como Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía SA de CV, la cual a través de Gifyt SA de CV incumplió en los contratos pactados, lo que implicó el fallecimiento de pacientes.
Esta empresa estaría relacionada con Carlos Navarrete, amigo de Francisco Javier Allerdi; hijo de Carlos Alberto Navarrete Escobar, exsubsecretario de Salud estatal durante la gubernatura del panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Tras la revisión del caso, y con Zoé Robledo como director general del IMSS, se le fue retirada a la empresa Gifyt SA de CV la concesión, esto tras comprobarse el pésimo estado de sus instalaciones; se inundaban al llover y en esas condiciones eran atendidos los pacientes.
Destaca, entre los personajes señalados dentro de la red, el nombre de Marco Antonio Madrid Valencia; representante legal de la Delegación referida, “siempre hemos sabido que es una persona muy deshonesta y que cobra grandes cantidades de dinero por las plazas del IMSS”, expresa la denuncia pública.
Marco Antonio presuntamente se habría enriquecido por la venta de plazas colocando a amigos y familiares. Incluso los mismos trabajadores han confirmado que personas sin experiencia ocupaban puestos estratégicos, en lugar del personal calificado y con mayor antigüedad; afectando así a la calidad del servicio a derechohabientes.
Además de la acusación sobre esta red de tráfico de influencias, también hay registro de denuncias internas sobre extorsiones al personal. En este caso los trabajadores ven mermado su ingreso quincenal con pretexto de “donaciones al patronato”, entre otras prácticas deshonestas. Además, existen varias denuncias sobre acoso sexual y laboral contra Francisco Javier Allerdi, por empleadas gubernamentales.
Un pilar de la red citada sería Ana Laura Puig Lagunes, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el IMSS Veracruz, quien tiene en su contra múltiples acusaciones por favorecer a empresas con licitaciones a modo. Un ejemplo de eso es el caso del proceso de adquisición de cartuchos, que en vez de su reabastecimiento con nuevos productos se distribuyen tóners usados, tal cual se reportó en la Delegación IMSS Tamaulipas. En la licitación se especificaba que “será motivo de descalificación no ofertar tóners nuevos, usados, remanufacturados, o reciclados”.
A pesar de esta situación se habría favorecido la empresa estadounidense Lemark, conocida por realizar dichas prácticas desleales, misma que en Tamaulipas le detectó sobrecostos de hasta 400%.
Además de estos actos, otro escándalo en licitaciones de esta Delegación lo hizo público el diario Milenio, quien sacó a la luz una licitación de cubrebocas adquiridas a sobreprecio, tras la revisión del caso el mismo medio reportó: “El IMSS canceló la compra de más de 208 mil cubrebocas, que se había concretado el viernes, a 3.50 pesos cada una, lo que implicaba un sobrecosto de más de 400 por ciento, comparado con el precio que tenían en el 2019, cuando estaban a 60 centavos".
Cabe mencionar que se espera que dicha denuncia sea atendida por el gobernador Cuitláhuac García, además de ser revisada por el director del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.
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