A pesar de haber señalamientos por irregularidades en contratos con entidades gubernamentales, el Instituto Politécnico Nacional, (IPN) permitió la participación de empresas ligadas a José Juan Reyes Domínguez, conocido como el “Rey de la limpieza”, en su concurso para la asignación de las tareas de aseo en dicha institución educativa.
Como se constata en la licitación IA-011B00001-E32-2022, las empresas Aseo Privado Institucional, Asbiin, Jaber Limpieza en General, Limpieza Jored y Joad Limpieza y Servicios, ya hicieron entregar de la documentación correspondiente aunque tienen abiertos procesos por posibles irregularidades que impactan directamente el presupuesto público, que incluyen múltiples denuncias por no inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), muchos de ellos adultos mayores.
Entre los delitos que se investigan en la Secretaría de Hacienda figuran cohecho y tráfico de influencias, además de que se ha presentado evidencia de colusión entre las empresas para escalonar sus precios con la finalidad de favorecer a una de ellas.
Sobre el concurso para el aseo de instalaciones del IPN, este conglomerado de empresas se inscribieron en Partida Presupuestal 1, sobre 105 inmuebles en la CDMX, en la que se detalla que Asbiin cotizó por mes más de 33.2 millones de pesos, mientras que Aseo Privado Institucional lo hizo por 33.3 millones, Jaber Limpieza en General indicó 37.2 millones de pesos, Joad Limpieza y Servicios propuso 31.5 millones de pesos, y Jored (referente a las siglas de José Juan Reyes Domínguez) presupuestó a 35.2 millones de pesos.
Cabe destacar que la compañía Gott und Glück, la cual también concursa en una licitación del IPN superior a los 35 millones de pesos, también ha sido ubicada dentro del esquema de colusión con el que operan las empresas de Reyes Domínguez.
Será el próximo 14 de febrero a las 17:00 horas cuando el Instituto haga público su fallo, en donde se han recibido 17 propuestas con corte al 8 de febrero, por lo que la Dirección de Servicios Generales tendrá hasta el día 10 del mismo mes para que quede listo el dictamen de evaluación, aunque en el Acta de Apertura no está designado algún representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.
En dicha Acta tampoco está representada la oficina del abogado general, aunque sí lo signan Noel Miranda Mendoza, director de Recursos Materiales e Infraestructura; Gerardo Icaza Palacio, Jefe de la División de la Adquisición de Bienes y Servicios; Cinthya Pérez Mendoza, adscrita el departamento de compras.
Por los requirentes firmaron José Rosas Molina, director de Servicios Generales y Silvia Atayde Yáñez, adscrita al Departamento de Servicios Institucionales. La vigencia del contrato se contempla para el 31 de diciembre de 2022.
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