Las denuncias por lavado de dinero interpuestas por Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, son señaladas como violatorias de la normatividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según el propio reglamento de esta institución, señalaron expertos.
Romero Aranda no cuenta con atribuciones para denunciar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que esta actividad le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, el procurador Fiscal ha iniciado distintos procedimientos como en los casos de los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el empresario Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
El propio reglamento de SHCP indica que esta institución es el conducto para realizar denuncias por lavado de dinero dentro del sistema financiero, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Y además, debido a que la FGR no se contactó con personal de la UIF para perfeccionar las querellas, expertos en el ramo penal consideraron que existe posibilidad de que un amparo detenga la orden para aprehender a Víctor Álvarez Puga, a Inés Gómez Mont y al grupo de 31 científicos.
También señalaron que se violaron diversos compromisos internacionales asumidos por el país, entre ellos, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que otorga facultades exclusivas en materia de lavado de dinero a la UIF.
En el oficio 529-I-001/21, Romero Aranda señaló a Álvarez Puga y Gómez Mont por el delito de lavado de dinero el pasado 17 de enero, no obstante que el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto.
Es por ello que se inició la búsqueda de dichos personajes, debido a que supuestamente
realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, delito contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, tal como se observa en la causa penal 314/2021, bajo análisis del juez Iván Aarón Zeferín Hernández.
Mientras que respecto a los miembros del Foro Consultivo del Conacyt, son acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades, con este mismo esquema de denuncia, por lo cual se ha solicitado que sean investigados.
La denuncia contra Álvarez Puga y Gómez Mont fue interpuesta con el apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Y en ambos casos sin la intervención de la UIF, y sin dar previo aviso.
El argumento de Romero Aranda fue que para agilizar las diligencias firmó en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, porque no se presentaron a laborar.
De esta manera, Santiago Nieto, titular de la UIF, junto con otros funcionarios no fueron notificados de la acción, a pesar de que ostentan facultades para bloquear cuentas e interponer denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por lo anterior, desde palacio nacional distintas fuentes han comentado que existe molestia entre el equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que incluso el procurador fiscal y el Fiscal general de república podrían ser llamados a comparecer debido a estos casos.
Asimismo, existe preocupación en ámbitos académicos, jurídicos y políticos, debido al uso de figuras fuera de lo que marcan las leyes mexicanas, lo que califican como un uso arbitrario de atribuciones.
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