Grupo Kosmos, proveedora de alimentos del gobierno, es investigada en cuatro dependencias por tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio, así como distribución de alimentos en mal estado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) indagan la empresa propiedad de la familia Landsmanas, de acuerdo con información de la Revista Contralínea.
La información publicada menciona que las principales empresas del grupo: Cosmopolitana, SA de CV; Kol Tov, SA de CV; y Productos Serel, SA de CV, ya estaban bajo investigación financiera y judicial desde el año 2019, debido a la supuesta entrega de sobornos y amenazas, luego de obtener contratos por 18 mil 440 millones de pesos en un periodo entre 2018 y 2021, por parte de administraciones estatales y locales, además del gobierno federal.
El consorcio representa un monopolio de alimentos que opera a través de 45 empresas y, de las cuales, por lo menos 20, tienen a los mismos socios, accionistas y/o representantes legales, señaló la revista.
Las personas morales y físicas que estarían bajo la mira de las autoridades son: Productos Serel, La Cosmopolitana, Kol Tov y Abasto de Fármacos, además de los socios, accionistas y representantes legales de éstas: los hermanos Ilja y Jorge Landsmanas Dymensztejn, Jack Landsmanas Stern, Jacobo Gary Braun, Jesús Verduzco Medrano, Julio Blanco Pérez, Luis Alberto Rodríguez Hernández, Jacobo Lázaro Zaorín Dabbah, Alfredo Servín Pérez, Ruth Delgado Rodríguez, José Ramón Aquique Organes, René Elizalde Graciano, Norma Silvia Figueroa Herrera.
Por la parte financiera, se mantiene una línea para investigar a Makura Interconsultoras, SA de CV, la facturera que utilizaría el grupo para simular operaciones, así como a ISA Corporativo, Vector Casa de Bolsa y Fideicomiso Fibra Uno, por su relación con el consorcio en el ingreso-gasto de factura electrónicas.
El presidente López Obrador instruyó desde 2019 que se renegociara la modificación de los contratos, ante las múltiples irregularidades de la proveedora, en cambio, administradores de la Policía Federal, de Prevención y Readaptación Social, y hasta en guarderías habrían recibido amenazas, señala el medio de comunicación.
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