Presentan denuncia ante OIC del Infonacot por creación del Fondo de Protección de Pagos

La creación del Fondo de Protección de Pagos en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) fue denunciada ante su Órgano Interno de Control (OIC), ya que de acuerdo con el quejoso, se constituyó de forma ilegal.

La denuncia precisa que el Director General del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, pudo haber incurrido en faltas administrativas graves al haberse extralimitado en sus funciones con la autorización del Fondo que aplicaría en casos de desempleo, fallecimiento, invalidez e incapacidad permanente total, para respaldar a los trabajadores acreditados.

Argumenta que Ortiz Bolaños no solicitó al Consejo Directivo del Fonacot que aprobara formalmente la creación del Fondo y lo puso en operaciones a partir del 1º de agosto pasado, casi un mes antes de que fueran aprobados sus Lineamientos y Reglas de Operación.

La denuncia alerta que el Fondo fue impulsado por el directivo para sustituir a las aseguradoras, que antes de encargaban de prestar el servicio, a pesar de estas últimas le enviaron cartas en las que aceptaban disminuir el factor de cobertura de un valor de 3.8560 a 3.08 al millar, como lo había solicitado él mismo.

El Fondo fue constituido mediante el establecimiento de cuentas y contratos con las aportaciones que efectúen los acreditados a través del Fonacot, sin embargo no todos podrán acceder a los pagos, ya que dependerán de la suficiencia de recursos, lo que ha preocupado a especialistas.

“El pago de los beneficios está supeditado a la suficiencia del Fondo, por lo cual, éste los cubrirá hasta por el monto de recursos disponibles, en cuyo caso, el Infonacot no responderá por la suficiencia de recursos en el Fondo ni estará obligado a realizar aportaciones al mismo. En caso de insuficiencia de recursos en el Fondo, las aportaciones futuras no podrán emplearse para el pago de beneficios anteriores”, precisan los Lineamientos.

Cabe destacar que el Fonacot se creó por decreto presidencial el 2 de mayo de 1974, como respuesta del Gobierno Federal a las demandas de los trabajadores a través del Congreso del Trabajo, en el sentido de apoyar a la clase trabajadora con financiamiento para la adquisición de bienes y servicios.