Por sus vínculos con la empresa CA Soluciones Financieras (Casofin), José Luis Moyá Moyá, conocido como “El Zar de las Solicitudes de Información”, es investigado por corrupción por el contrato de arrendamiento de 400 patrullas al Ayuntamiento de Toluca.
Conocido como “El Zar de las Solicitudes de Información”, suma una nueva investigación por corrupción ahora en el municipio de Toluca, donde es investigado por sus vínculos con la empresa CA Soluciones Financieras (Casofin), la cual rentaba patrullas a la administración del alcalde saliente Juan Rodolfo Sánchez, la cual desde junio dejó de dar mantenimiento a las unidades, en perjuicio de la población.
La investigación se centra en los presuntos sobreprecios detectados en el convenio DGA/RM/048/2019 que la administración de Sánchez Gómez signó con Casofin en julio de 2019, con vigencia a diciembre de 2021, por el arrendamiento de 400 patrullas para las tareas de vigilancia y combate a la delincuencia.
Aunque se reservó por cinco años la información técnica de la empresa en la licitación LPNP-HAT-RP-07-2019 sobre las 400 unidades arrendadas, Casofin se negó desde junio a realizar los mantenimientos acordados, por lo que policías adscritos al municipio presentaron su inconformidad ante las autoridades estatales y pidieron la inhabilitación de la empresa.
“Tememos por nuestra vida, día a día salimos a las calles y sabemos que nos la jugamos porque estamos en desventaja, los delincuentes tienen mejores equipos que nosotros”. Esta situación impactó en la ciudadanía toluqueña, donde 83 de cada 100 se sintió inseguro según regista la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI.
Según la ENSU, esto significó un incremento de más del 80% respecto de marzo de 2021, donde sus habitantes calificaron como “inseguro” vivir en la ciudad, además de que la percepción de inseguridad en Toluca superó en casi 20 puntos la tasa a nivel nacional.
Sobre José Luis Moyá pesan diversas investigaciones por corrupción, la Contraloría General capitalina lo ha inhabilitado en dos ocasiones, la primera en 2001 según consta en el expediente DNSP/3576/5197/2000, y otra más en 2007 bajo el expediente SDS/CI/24/1999, esto por la filtración de datos para favorecer a empresarios y políticos, como confirmó durante su comparecencia en el INAI en 2014, cuando intentó ser comisionado del instituto descentralizado.
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