Alberto Ortiz Bolaños convocó al Consejo Directivo de la institución a la 22va Sesión Extraordinaria, la cual no sería presencial, sino por correo electrónico.
Luego de ser denunciado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por exceder sus facultades al aprobar el “Fondo de Protección de Pagos”, el titular del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, convocó al Consejo Directivo de la institución a la 22va Sesión Extraordinaria, la cual no sería presencial, sino por correo electrónico.
El funcionario argumentó que la sesión se podía llevar a cabo por correo electrónico de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Estatuto Orgánico; sin embargo, fuentes cercanas al Instituto informaron que se trata de una forma atípica de reunirse, sobre todo si se considera el peso del tema a tratar: la “Modificación al Programa Anual de Financiamiento y Adecuaciones Presupuestales del Ejercicio 2019”.
En su reunión anterior, miembros del Consejo se mostraron molestos con Ortiz Bolaños, a quien acusaron de mentirles durante el proceso de creación del Fondo de Protección de Pagos con el que se promete cubrir a los acreditados en caso de fallecimiento, invalidez o desempleo, pero sólo si existen recursos disponibles.
Tras los cuestionamientos decidieron abordar el tema como parte de los “Asuntos Generales”, pero el tiempo no alcanzó para tratarlos, por lo que se esperaba retomar el tema el pasado 7 de noviembre en la 22va Sesión Extraordinaria.
En la convocatoria que hizo para la sesión extraordinaria evitó anotar el tema del Fondo como parte del orden del día, sólo figuró la “Cancelación del Programa ‘Crezcamos Juntos’ del Régimen de Incorporación Fiscal” y “El Plan de Trabajo Ejercicio 2019 de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Será a finales de este mes o principios de diciembre cuando el Consejo tenga que reunirse nuevamente; en tanto, la SFP requirió al Instituto pruebas documentales que sustenten la legalidad con la que se constituyó el Fondo de Protección de Pagos y los nombres de los servidores públicos involucrados.
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